LEY DE RESCATE ECONÓMICO: LA POLÉMICA REFORMA FISCAL QUE REESTRUCTURA EL IVA, GOLPEA A LA CLASE MEDIA Y ENCIENDE LAS ALARMAS EN COLOMBIA

El Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella radica formalmente en el Congreso de la República la denominada "Ley de Rescate Económico", una ambiciosa iniciativa fiscal integrada por 106 artículos y articulada en cinco pilares. Presentada por el vicepresidente José Manuel Restrepo, el ministro de Hacienda Miguel Gómez Martínez y el ministro del Interior encargado Iván Cancino, la medida persigue reducir el gasto estatal, incrementar el recaudo y sanear las finanzas públicas. Según el Ejecutivo, la reforma resulta urgente para desactivar una "bomba de tiempo" heredada de la administración anterior de Gustavo Petro y evitar el estallido de un colapso fiscal previsto para 2027. Para lograrlo, el plan combina un drástico programa de austeridad que contempla recortar un 50 % en contratos de prestación de servicios para 2027, reducir un 20 % la nómina estatal para 2028 (ahorrando unos 9,6 billones de pesos) y autorizar la reorganización de entidades junto a un agresivo paquete impositivo.

El punto más polémico e indignante de la propuesta radica en la decisión de gravar con la tarifa general del 19 % de IVA a bienes esenciales de la canasta familiar que antes gozaban de tratamientos preferenciales o exenciones. De ser aprobada la iniciativa, alimentos como el café, azúcar, aceite, pastas, frutas y verduras (entre ellas tomate y cebolla), sal, e insumos agrícolas indispensables sufrirán un fuerte incremento en sus precios finales. Resulta contradictorio e irracional que en un país eminentemente agrario y despensa agrícola global como Colombia tierra reconocida internacionalmente por su café de alta calidad y la fertilidad de sus campos se termine castigando al consumidor local encareciendo la comida que la misma tierra colombiana produce. A este golpe se suman el IVA del 19 % para vehículos híbridos, eléctricos y bicicletas, plataformas de comercio internacional como Amazon, Temu o Shein (en compras menores a USD 200), transacciones bancarias, comisiones de tarjetas, licores y apuestas digitales, dejando por fuera del impuesto únicamente a proteínas básicas como carne, pollo, pescado, leche, huevos, arroz, papa y medicamentos.

Además del encarecimiento en los alimentos, el proyecto modifica de manera sustancial las contribuciones de los trabajadores para el sistema de salud y los tributos sobre sus ingresos. Para aportar a la bolsa de 30 billones de pesos destinada a «rescatar la salud», la cotización laboral pasará del 4 % actual a escalas del 5 % para salarios de entre 2 y 4 mínimos, y de hasta el 8 % para quienes ganen más de 4 mínimos. En paralelo, las empresas exoneradas de aportes parafiscales por empleados de menos de 10 salarios mínimos volverán a cotizar. Por el lado de la renta, el umbral de declaración baja bruscamente de 4,5 a 3 millones de pesos mensuales con tarifas iniciales del 9 % que ascienden al 39 %, abriendo la puerta a que millones de asalariados empiecen a tributar. paradójicamente, la reforma disminuye el impuesto de renta a las corporaciones y eleva el umbral del impuesto al patrimonio de 3.771 a 5.000 millones de pesos, alivianando la carga del gran capital mientras encarece los consumos de la población general.

La combinación de estas disposiciones convierte a la clase media en la principal damnificada y víctima del ajuste fiscal. Aunque el Ejecutivo intenta matizar el costo social mediante un esquema de devolución del IVA dirigido a 19 millones de colombianos en extrema pobreza (con retornos del 100 %) y a 16,3 millones en condición vulnerable (con giros parciales de hasta 5,5 UVT mensuales), los hogares de clase media no recibirán ningún tipo de reembolso. Así, las familias trabajadoras deberán absorber íntegramente la carestía de los alimentos, los mayores descuentos de salud en sus nóminas y el cobro de impuesto a la renta sobre salarios ajustados. Para colmo, el paquete tributario aplica aumentos desmedidos sobre los consumos cotidianos y de entretenimiento, subiendo en promedio un 47 % el precio de los cigarrillos, un 53 % los vapeadores, un 32,6 % los licores, e incrementando de $3.500 a cerca de $5.000 el costo de una cerveza popular.

Aunque el Ejecutivo defiende el componente social asegurando que 19 millones de colombianos en condición de pobreza extrema recibirán la devolución total del IVA y otros 16,3 millones tendrán retornos parciales (con un tope de 288.057 pesos mensuales), la realidad es que la clase media queda completamente desprotegida y aplastada en la mitad de la tabla. Al no calificar para ningún subsidio ni reembolso, los hogares de ingresos medios tendrán que asumir en soledad el encarecimiento de los alimentos, los mayores aportes a la salud y la retención en la fuente sobre sus sueldos. Por si fuera poco, el proyecto carga de impuestos a los consumos de entretenimiento y vida cotidiana: la cerveza popular pasará de $3.500 a bordear los $5.000, mientras que cigarrillos (+47 %), vapeadores (+53 %) y licores (+32,6 %) verán disparados sus precios al consumidor final.

Desde una mirada crítica al desarrollo productivo y al bienestar social, encarecer productos autóctonos en un territorio caracterizado por su riqueza agraria es un contrasentido que castiga de manera desmedida al ciudadano de a pie. Recargar el ajuste de las cuentas públicas en la mesa de las familias y en el salario de los trabajadores, mientras se conceden alivios corporativos y se flexibiliza la carga a los grandes capitales, evidencia un desequilibrio preocupante en la concepción del tributo. La solución a las deficiencias fiscales del Estado no puede pasar por asfixiar al consumidor ni por encarecer la producción nacional en los campos colombianos.

Con este panorama de alto voltaje social, el proyecto inicia su trámite parlamentario en medio de un ambiente hostil y con serias dudas sobre su viabilidad política. Desde la propia bancada de gobierno y partidos como el Centro Democrático cuyo presidente del Senado, Honorio Henríquez, ya advirtió que la región Caribe y los colombianos no resisten un tributo más hasta sectores de la Alianza Verde y el Pacto Histórico, las voces de rechazo se multiplican. Si bien en el Capitolio existe consenso sobre la necesidad de recortar la burocracia y frenar el gasto innecesario del Estado, la propuesta de meterle la mano al bolsillo a la gente a través del café, la verdura y la nómina promete desatar una intensa batalla legislativa en la que el Congreso tendrá la última palabra.

Por: Redacción general