EL CONGRESO APRUEBA LA LEY DE SOMETIMIENTO DEL GOBIERNO DE LA ESPRIELLA Y PONE FIN A LA PAZ TOTAL
En una votación contrarreloj previa al vencimiento del marco de orden público, el Congreso de Colombia aprobó el proyecto del Gobierno que fija un estricto mecanismo de desmantelamiento para organizaciones criminales, desmantela la vía de negociación política e introduce duros límites penales que desataron un fuerte choque institucional con la oposición.
El Senado y la Cámara de Representantes le dieron luz verde al articulado impulsado por el Gobierno de Abelardo de la Espriella, transformando de manera radical la estrategia de seguridad ciudadana e inteligencia del país. La nueva norma desmantela la figura de la "Paz Total" adoptada durante la administración de Gustavo Petro y erradica los diálogos políticos con estructuras armadas. A partir de su promulgación, cualquier grupo al margen de la ley deberá someterse a la justicia ordinaria sin opción a mesas de concertación social, suspensión de órdenes de captura o congelamiento de trámites de extradición.
Entre las principales disposiciones del marco normativo se encuentran rebajas diferenciales de penas condicionales según la jerarquía de los procesados. Los integrantes de base de los grupos delictivos podrán aspirar a una reducción de hasta el 50% de la sanción penal a cambio de su colaboración, mientras que para los líderes y cabecillas el beneficio se limita al 30%. No obstante, los retoques finales aprobados en la plenaria del Senado excluyen explícitamente de este tratamiento penal diferenciado a quienes cuenten con condenas por reclutamiento de menores de edad. De forma paralela, el articulado suprimió la disposición que permitía destinar gastos reservados del Fondo de Seguridad y Convivencia Ciudadana.
La aprobación del proyecto contó con el firme respaldo de partidos como el Centro Democrático, Liberal, Conservador, Cambio Radical, Partido de la U y Salvación Nacional. El ministro de Justicia, Iván Cancino, celebró el resultado al ratificar que los procesados no conservarán un solo peso de su patrimonio ilícito ni dispondrán de zonas de distensión para delinquir. Asimismo, la coalición oficialista logró acelerar la votación en la Cámara adoptando un texto idéntico al del Senado, evitando una comisión de conciliación que habría llevado a la expiración de la Ley de Orden Público de 1997.
En contraste, la bancada opositora encarnada en el Pacto Histórico rechazó la iniciativa e intentó frenar su avance mediante maniobras legislativas. Congresistas de esta colectividad, como Gabriel Becerra y Mafe Carrascal, anunciaron demandas formales de inconstitucionalidad tras denunciar la existencia de vicios de trámite y un afán desmedido en el procedimiento de votación. Los críticos cuestionaron duramente que la exclusión de los beneficios penales dependa únicamente de condenas previas en lugar de abarcar todos los casos de reclutamiento infantil, además de señalar con preocupación la facultad discrecional otorgada al Ejecutivo para tipificar y calificar a las organizaciones como terroristas sin límites claros.
Por: Redacción general
